Los enfermos terminales que legalmente consumen marihuana como paliativo para sus males no podrán adquirirla en Los Ángeles si se aprueba una propuesta de ordenanza que pretende prohibir de manera indefinida la distribución de la hierba en los cerca de 300 colectivos que aún permanecen abiertos.
Tan drástica medida, que según administradores de dispensarios obligaría a sus pacientes a adquirir la droga en el mercado negro, es una respuesta al veredicto de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito, que invalidó la ordenanza para los colectivos de Long Beach (similar a la ley de Los Ángeles).
El tribunal resolvió que Long Beach no puede regular una sustancia prohibida por el gobierno federal y revocó las principales disposiciones de su legislación. Por esa razón, en Los Ángeles han puesto las barbas a remojar, antes de que su norma (que sólo permite que cien colectivos operen y les impide estar cerca de escuelas, parques o iglesias) también sea desechada.
El concejal José Huízar, autor de la ordenanza, explicó que el municipio podría regresar a la época en que más de 800 dispensarios operaban ilegalmente, afectando la calidad de vida de comunidades como Eagle Rock, donde llegaron a funcionar 24 tiendas en un radio de 2.4 millas.
“Ha sido una difícil decisión pero creo que se debe tomar. Sería irresponsable no hacer nada”, dijo el representante del Distrito 14, que abarca vecindarios del este de la ciudad. “Espero que al hacer esto nos permita esperar qué es lo que se determina en la Corte Suprema [de California], algo que podría tomar entre seis meses y dos años, entonces podremos regresar para encontrar un balance”, indicó.
A principios del año pasado, el Concejo Municipal aprobó una norma que intentaba meter en cintura a los dispensarios de marihuana, a los que acusó de afectar la seguridad de los barrios, de proveer droga a personas no calificadas y de comprarla de los narcotraficantes mexicanos.
Si bien cientos de colectivos ya han salido de la ciudad, todavía operan unos 300 locales, debido a la falta de recursos en la Procuraduría y la Policía, y por las más de 50 demandas interpuestas en contra del municipio por presuntamente impedir su acceso a los pacientes que la consumen para aliviar sus males.
“Los que van a ganar con ésto son los carteles de la droga, no los pacientes de Los Ángeles. Los están mandando a la calle a comprar la ‘medicina’”, expresó Yamileth Bolaños, administradora del colectivo Pure Live Alternative Wellness Center. “Van a cerrarme a mí, porque saben dónde estoy, pero todos los demás lugares de los cuales se desconoce su ubicación continuarán abiertos”, afirmó.
La propuesta de Huízar fue presentada ayer en una conferencia de prensa a la cual acudieron activistas que aseguraron que han empezado a ver una proliferación de dispensarios ilegales en sus comunidades. “Nuestros vecinos tienen miedo de quejarse por represalias del crimen organizado, están preocupados por el crecimiento de las pandillas y actividades relacionadas con estas bandas; sus niños están amenazados”, manifestó Michael Larsen, presidente del Concejo Vecinal de Eagle Rock.
“No queremos 50 [cafeterías] Starbucks, ni 50 [restaurantes] McDonalds y, ciertamente, tampoco 50 dispensarios ilegales de marihuana”, continuó Larsen.
La moción de Huízar será discutida en los comités de Seguridad Pública y Planeación antes de ser analizada por el pleno del Concejo Municipal, algo que podría ocurrir a principios de 2012. La idea, dijo el edil, es aprobarla lo antes posible, ya que los colectivos obtienen ganancias por “decenas de miles de dólares en unos días” y no dudarían en abrir nuevamente.
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