domingo, 6 de noviembre de 2011

Con usos y costumbres "reeducarán" a cinco presuntos narcos

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Zitlaltepec se armaron de valor ante amenazas, detuvieron a los criminales,les destruyeron 600 kilos de mariguana y los juzgaron, en menos de un mes.

Guerrero • Aunque han recibido amenazas de parte de supuestos grupos del crimen organizado, los representantes del sistema de justicia comunitaria decidieron mantener en su poder y someter al proceso de "reeducación" a cinco presuntos narcotraficantes, y además destruyeron 33 paquetes de mariguana con un peso aproximado de 600 kilos.

En el auditorio de Santa Cruz del Rincón, 50 representantes de igual número de asentamientos humanos en que opera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) presentaron a los cinco detenidos, esposados, descalzos y con 32 paquetes de mariguana que estaba en su poder.

En la asamblea estuvo el secretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte Borja, acompañado del general Ramón Arreola y de un grupo de la policía legalmente reconocida.

Ellos reconocieron el derecho que los integrantes de la CRAC tenían para sancionar los delitos cometidos en su zona de influencia, anticipando que avalarían lo que se acordara en la reunión.

“Las decisiones que tomemos en este días, serán sumamente importantes para los próximos días, meses y año", anticipó Pablo Guzmán Hernández, coordinador general de la policía comunitaria.

De los detenidos

El primer punto de la asamblea fue el relacionado con la detención de cinco presuntos narcotraficantes en su zona de influencia.

En el reporte, señalan que durante los días 10, 11 y 12 de octubre, las autoridades de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, perteneciente al municipio de Metlatonoc, recibieron varias llamadas telefónicas por parte de personas desconocidas.

Los supuestos narcos exigían que se permitiera el paso de un cargamento de enervantes, amenazando a los responsables de la Casa de Justicia con levantarlos y matarlos si no daban el permiso.

También ofrecieron el pago de cinco mil pesos a cambio de que dejaran pasar la droga por una brecha que va de Malinaltepec hacia Atlamajalcingo del Monte.

El 13 de octubre, los comandantes de la comunitaria decidieron organizar grupos de búsqueda para evitar el paso de la droga, logrando interceptar dos camionetas; una roja y una gris.

El primer detenido, Pedro Ponce Rodríguez, de origen mixteco, señaló que su padre vive en Acapulco y que el cargamento que llevaba lo había recibido en la comunidad de Huehuetepec.

Dijo que sus patrones venían atrás y que éstos ya habían hablado con los policías comunitarios, a través de un amigo de nombre Margarito, que era de Chilixtahuaca.

Otro detenido, de 17 años de edad, dijo ser originario de la comunidad de Río Encajonado del municipio de Cochoapa el Grande. A él le recogieron cinco mil pesos y un celular.

A Javier Ventura Morales, de 21 años de edad, originario de Cacahuanaña, también del municipio de Metlatonoc, los comunitarios le encontraron en su mochila una camisa, pantalón y ropa interior, un cargador para radio, encendedor, huaraches y una cartera con el teléfono.

Marcos Ventura Morales, también originario de Cacahuanaña, tiene 19 años, y hasta antes de viajar a la Montaña trabajaba como taxista en Acapulco.

Él señaló que tenía como jefe a una persona de nombre “Javier”, el cual solamente le pidió que llevara los 32 paquetes y fueran enviados hacia Tlapa de Comonfort.

El 14 de octubre, los grupos que vigilan la Casa de Seguridad de Zitlatepec iban rumbo a la comunidad de paraje Montero para celebrar los 16 años del surgimiento de la policía comunitaria.

Antes de llegar a Huehuetepec encontraron una camioneta de color blanco y con capacidad de carga para tres toneladas, que era manejada por una persona muy sospechosa.

Era Gabriel Orosco Nieto, originario del Estado de México, quien al encontrarse de frente con dos patrullas de la comunitaria solicitó hablar con el comandante, aunque no especificó el nombre del oficial que buscaba.

Ante la actitud sospechosa del individuo los comunitarios lo detuvieron y le aseguraron una credencial de elector y tres tarjetas bancarias.

Desde la tarde del 14 de octubre, la Casa de Justicia de Zitlaltepec recibió infinidad de llamadas telefónicas con amenazas de muerte, les daban un plazo de ocho días para que liberaran a los detenidos, de lo contrario se realizarían levantones contra gente inocente, además de Zitlaltepec se registraron amenazas en las comunidades de Espino Blanco y San Luis Acatlán.

Pese a eso, el acuerdo de la CRAC fue en el sentido de reeducar bajo el régimen de los usos y costumbres de las comunidades indígenas a los presuntos narcotraficantes.

Señalaron que no entregarían los detenidos a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, ya que de hacerlo darían una muestra de incapacidad ante la solución de los problemas, cuando durante 16 años lo hemos hecho bien.

No hay guerra, tampoco complicidad

En la asamblea se informó que la señora Susana Morales Hernández había promovido un juicio de amparo a favor de sus hijos, para requerir la liberación de los mismos.

El amparo fue solicitado el 27 de octubre en la cabecera municipal de Acapulco.

La mujer acudió a la asamblea y se dirigió a los representantes de la CRAC para reconocer que sus dos hijos habían cometido un error, pero solicitó que los liberaran.

En la resolución, el coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández señaló que este organismo no surgió para hacerle la guerra al narco, pero aclaró que tampoco serian cómplices de actitudes que afecten a armonía en las comunidades.

“Actualmente muchos jóvenes están en el desempleo, no nos interesa que entran en la vorágine de la guerra contra el crimen organizado”, apuntó.

A las 12:40 se presentó a los cinco detenidos, iban descalzos, esposados, antes los ojos de sus madres que solicitaron que se les liberara, aunque reconocieron que cometieron un error muy grave.

Para las 13:00 horas, los 33 paquetes de marihuana fueron bajados de una camioneta, se exhibió ante los ojos de la asamblea y esta decidió destruirlos.

Mario Campos, párroco de la comunidad de Xalpatlahuac, sostuvo que la droga presentada ante la concurrencia echa a perder muchas vidas y que no debe permitir que llegue a contaminar a sus localidades.

“No por un dinero vamos a echar a perder a la gente, aquí está la destrucción, de niños y jóvenes, no estamos contra los narcos, ellos están contra ellos mismos”, apuntó.

Para las 15:00 horas, la hierba compactada en 33 paquetes fue incinerada por los propios elementos de la comunitaria.


Fuente: Milenio.com

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