lunes, 28 de marzo de 2011

Comunicado de la FAC

Comunicado de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC).


La FAC rechaza las detenciones de miembros de Clubes Sociales de
Cannabis (CSC) y exige la regulación clara del autocultivo.
La federación rechaza los intentos de mercantilizar los CSC y reclama al
resto de asociaciones cannábicas que se impliquen en la defensa de la
normalización del uso de la planta.

Rechazo rotundo a las detenciones


Ante la oleada de operaciones policiales contra asociaciones de personas
usuarias de cannabis en distintos lugares del estado español, la Federación de
Asociaciones Cannábicas (FAC) desea manifestar su rechazo a la forma en que se
están llevando a cabo muchas de ellas, ya que se están produciendo detenciones
que consideramos desproporcionadas e innecesarias. No tiene sentido que se
detenga a representantes de entidades legalmente registradas, cuyos fines han sido
considerados legales y cuyo domicilio social es del dominio público. Si los tribunales
desean esclarecer cualquier cuestión relativa al funcionamiento de estas
asociaciones, se podría llamar a prestar declaración a las personas implicadas o
solicitar la documentación que se considere necesaria, sin necesidad de poner entre
rejas a personas cuyo trabajo es públicamente conocido y basado a priori en
resoluciones judiciales favorables. Por ello, la FAC exige que se acabe
inmediatamente con esta práctica abusiva.

La Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) considera que esta situación absurda, donde unas instituciones legalizan asociaciones que otras instituciones intentan clausurar, tiene su origen en la falta de una regulación legal clara al respecto.

 Nos parece incomprensible que, habiendo el Tribunal Supremo
despenalizado el consumo de drogas ilícitas en fecha tan lejana como 1974 y
existiendo una larga serie de autos y sentencias judiciales que afirman que la
actividad de los Clubes Sociales de Cannabis no constituye delito mientras se
respeten ciertos límites, a estas alturas ni el poder legislativo ni el ejecutivo hayan
hecho nada para aclarar la situación, lo cual genera una inseguridad jurídica
absolutamente inaceptable en un estado de derecho.

Por una regulación que evite la inseguridad jurídica


En consecuencia, la FAC exige una vez más una regulación clara del
autocultivo individual y colectivo, incluyendo las actividades de los CSC, de forma
que se sepan con claridad cuáles son los requisitos a cumplir y los límites a
respetar, así como el establecimiento de mecanismos de control preventivos que
permitan fiscalizar la actividad de los CSC sin necesidad de recurrir a operaciones
policiales que pisotean los derechos y libertades de un buen número de personas, a
la vez que suponen un coste innecesario para el erario público.

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